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El objetivo de lograr una atención de calidad para las personas en situación de dependencia y establecer el "cuarto pilar" del Estado de Bienestar excede "en el mejor de los casos en 12.000 millones de euros" al importe previsto inicialmente por las Administraciones Públicas, que se sitúa en 4.426 millones, según revela un estudio de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M).
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Este informe, que evalúa el número de afectados y el coste de los cuidados asociados a la dependencia en España, estima que hay más de 900.000 personas con derecho a recibir ayudas públicas y que las cifras oficiales se quedan "cortas" en relación a sus previsiones iniciales.
Para que una persona dependiente reciba ayudas públicas es necesario, según explica el texto, que se le otorguen al menos 25 puntos en el baremo de valoración que realizan los organismos oficiales competentes y calcula que "sólo el 22 por ciento" tiene derecho a percibir estas ayudas. Por ello, y en referencia a datos aportados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), prevé que en 2010 el número de dependientes con derecho a percibir ayudas supere el estimado y subraya que aproximadamente "dos tercios" son mujeres.
En concreto, los autores del estudio, Irene Albarrán y Pablo Alonso, de la UC3M y de la Universidad de Alcalá, respectivamente, han realizado una estimación del coste directo de la atención a este colectivo, sin incluir los fondos que habría que dedicar a la inversión en infraestructuras. Así, para este año, prevén que los gastos se sitúen entre los 12.500 y 15.000 millones de euros, aproximadamente.
"La llamada Ley de Dependencia no ha seguido exactamente lo establecido en el Libro Blanco de la Dependencia ni en otros estudios previos que sirvieron de referencia, lo que ha llevado a que las estimaciones sobre el número de afectados y el coste de atención a los mismos se hayan quedado cortas", señaló Albarrán.
Asimismo, aseguraron que la dependencia tiene "importantes" consecuencias económicas en aspectos como el ahorro, la inversión, el consumo o el mercado de trabajado por lo que se hace necesario destinar mayores recursos humanos y económicos para la atención y cuidados sanitarios, sobre todo, indicaron, de las generaciones más longevas.
Por último, y "debido a estas mayores necesidades de financiación", sugirieron contar con mecanismos de captación de recursos que permitan sostener el sistema de atención e indicaron que en otros países "con más experiencia en el tema de la financiación", ésta procede mayoritariamente de cotizaciones sociales aportadas tanto por trabajadores como por empresarios.
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