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La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, recalcó que el debate de la nueva financiación autonómica "es un tema prioritario" que el Ejecutivo no se plantea retrasar y que buscará un acuerdo político antes del mes de agosto.
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En una comparecencia en la Comisión Constitucional del Congreso, De la Vega aseguró a preguntas de los diputados que el Gobierno no esperará a que se haga pública la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña para abrir la negociación e insistió en que su intención es que haya un acuerdo antes de agosto, la fecha tope que fija el Estatuto en lo relativo a la financiación catalana.
De este modo, prosiguió, el Parlamento podrá tramitar la reforma de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) después del verano y entrar en vigor en 2009.
De la Vega insistió en esta posición --repetida en los últimos días por el vicepresidente económico Pedro Solbes--, en el mismo día en que el ex presidente Felipe González se declaró partidario de aparcar esta negociación para concentrar los esfuerzos en medidas para reactivar la economía.
La vicepresidenta admitió que "no será fácil" el acuerdo entre las distintas comunidades autónomas pero se mostró convencida de que el arreglo final "terminará beneficiando a todos". "El compromiso del Gobierno es que no habrá perdedores con el nuevo sistema", remachó.
Durante el debate y a preguntas de los diputados, la también ministra de la Presidencia se refirió también al Estatuto de Cataluña y se mostró convencida de que el texto es respetuoso con la Constitución, aunque eludió hablar de "hipotéticos pronunciamientos" del Tribunal Constitucional hasta que éste no emita efectivamente su sentencia.
Además, negó a los representantes nacionalistas que el desarrollo del Estatuto lleve retraso, y les advirtió de que plantear la aplicación del texto exclusivamente en términos de traspaso de competencias es "una visión antigua", porque de lo que se trata es de poner en marcha una nueva forma de ejercer sus funciones por parte de la Generalitat. "A veces se pretende conseguir con las transferencias lo que no se consiguió en el Estatuto", dijo al portavoz de ERC, Joan Ridao.
OFERTA DE CONSENSO AL PP
La vicepresidenta reiteró la oferta de consenso del Gobierno al PP para los temas de Estado. "Este Gobierno ha tenido predisposición de dialogar todo y no ha podido", le dijo al 'popular' Federico Trillo, "vamos a intentarlo otra vez".
Así, recalcó que para la reforma "pactada y limitada" de la Constitución que quieren los socialistas el PP sólo apoyó el procedimiento, "pero ahí se acabó el apoyo".
De la Vega apeló a la responsabilidad de los grupos políticos para renovar el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, cuya situación de interinidad calificó de "manifestación de mal funcionamiento del sistema". Además, estuvo de acuerdo en que hay que mejorar el servicio al ciudadano por parte de la Justicia y señaló que la modernización de la Justicia es una prioridad del Gobierno.
La vicepresidenta se pronuncio, por último, sobre la Directiva de retorno de inmigrantes ilegales que prepara la UE y que permitiría ampliar hasta 18 meses el periodo de retención de los clandestinos, que en España es de seis meses.
Sobre este tema, la ministra de la Presidencia incidió en que las negociaciones no han terminado todavía y podría llegarse al compromiso de reducir ese plazo. En todo caso, recalcó que la directiva es una norma 'de mínimos' más bien dirigida a los países que hasta ahora no han impuesto límites a la retención de los inmigrantes ilegales.
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