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Ruanda reiteró este martes su acusación de que Francia participó activamente en el genocidio de 1994 y, por primera vez, dejó traslucir la posibilidad de medidas legales contra ex dirigentes políticos y responsables militares franceses.
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El ministro ruandés de Justicia, Tharcisse Karugarama, presentó a la prensa el martes las conclusiones del informe de 500 páginas de la comisión de investigación ruandesa sobre el papel de Francia en el genocidio, que comenzó a trabajar en abril de 2006 y a la que Francia negó posteriormente toda legitimidad.
Según ese informe, redactado en francés, Francia estaba "al corriente de los preparativos" del genocidio, "participó en las principales iniciativas" de su organización y "de su ejecución".
El genocidio llevado a cabo en Ruanda entre abril y julio de 1994 por los extremistas de la mayoría étnica del país, los hutus, dejó cerca de 800.000 muertos, entre la minoría tutsi y los hutus moderados, según la ONU.
"La persistencia, determinación y el carácter masivo del apoyo francés a la política ruandesa de la masacre (...) muestran la complicidad de los responsables políticos y militares franceses en la preparación y ejecución del genocidio contra los tutsis en 1994", señaló un comunicado del ministerio de Justicia que resumió las principales conclusiones del informe.
Entre los 13 dirigentes franceses incriminados por el informe figuran el presidente de la República de aquella época, François Mitterrand (muerto en enero de 1996), el primer ministro Edouard Balladur, el ministro de Relaciones Exteriores Alain Juppé, su director de gabinete, Dominique de Villepin, y el secretario general del palacio presidencial del Elíseo, Hubert Védrine.
La comisión de investigación también lanzó duras acusaciones en su informe contra soldados franceses de la operación militar-humanitaria "Turquesa" (fin de junio-fin de agosto de 1994).
"Militares franceses cometieron directamente asesinatos de tutsis y hutus acusados de haber escondido a tutsis (...). Militares franceses también cometieron numerosas violaciones de tutsis rescatadas", acusó la nota del ministerio de Justicia.
Durante la presentación del informe, difundida en directo por la televisión estatal, el ministro de Justicia dio a entender la posibilidad de acciones judiciales.
"Este informe no es un dossier criminal (...). Es una buena base para eventuales medidas legales", señaló.
Ruanda anunció el 18 de junio su deseo de recurrir a la competencia universal prevista en sus leyes para poder jugar a ciudadanos no ruandeses acusados de estar implicados en el genocidio.
El actual gobierno ruandés, dirigido por la minoría tutsi, ha acusado en varias ocasiones a Francia de haber entrenado y armado a los autores del genocidio antes de las masacres. París siempre lo ha desmentido.
El gobierno de Kigali rompió a finales de noviembre de 2006 relaciones diplomáticas con París después de que un juez francés pidió que el presidente ruandés, Paul Kagame, sea juzgado por su "presunta participación" en el atentado contra el avión del ex presidente Juvenal Habyarimana, el 6 de abril de 1994, hecho que detonó el genocidio.
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