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Los jefes de Estado y de Gobierno europeos quieren relanzar este jueves la controvertida idea de una supervisión coordinada de los mercados en Europa, que hoy en día se lleva a nivel nacional, según un proyecto de las conclusiones de su cumbre de Bruselas
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En ese documento, los 27 países de la Unión Europea (UE) subrayan "la necesidad de reforzar la supervisión del sector financiero europeo, especialmente de los grupos transnacionales, con vistas a desarrollar un sistema coordinado de supervisión a nivel europeo".
En lo inmediato, los líderes europeos piden a los supervisores nacionales de los diferentes países "reunirse por lo menos una vez por mes para proceder a intercambios de información".
En el marco del reforzamiento de sus medidas contra la crisis, los europeos tienen previsto aprobar además la creación de una "célula de crisis financiera" que los gobiernos podrán consultar en todo momento en caso de dificultad, según el mismo proyecto de declaración.
Por otro lado, los líderes de la UE adoptarán este jueves el 'Pacto europeo de Inmigración y Asilo' presentado por la presidencia francesa del bloque, y cuyo objetivo principal es atraer a los inmigrantes más cualificados. "El Consejo Europeo adoptó el Pacto europeo de Inmigración y Asilo, que refleja el compromiso de la Unión Europea y sus Estados miembros de llevar a cabo una política justa, eficaz y coherente frente a los desafíos y las oportunidades que representan las migraciones", indica el proyecto de conclusiones que tienen previsto aprobar los 27 países de la UE este jueves.
"El Pacto constituye ahora para la Unión y sus Estado miembros la base de una política común (...) guiada por un espíritu de solidaridad entre Estados miembros y cooperación con los países terceros", agrega el texto.
En efecto, el Pacto incluye una serie de "principios fundamentales" a respetar por los 27 Estados miembros, para evitar "afectar los intereses de los otros" y cooperar en la lucha contra la inmigración clandestina.
Según el Pacto, los países de la UE siguen siendo libres para organizar la inmigración legal "en función de sus prioridades, sus necesidades y sus capacidades de recepción nacionales".
Al mismo tiempo, la Comisión Europea concibió la idea de una 'Tarjeta Azul' para atraer a los diplomados extranjeros más cualificados. Este documento permitirá a su titular y su familia trabajar y residir en el Estado que se lo otorga.
Por otra parte, los europeos también seguirán siendo libres para elegir los medios de luchar contra los clandestinos, unos 8 millones en el conjunto de la UE. En ese marco, cada país puede elegir regularizarlos o expulsarlos, aunque para ello deberán utilizar un procedimiento "caso por caso" y no de forma generalizada. Las expulsiones deberán hacerse de preferencia sobre una base voluntaria, respetando el derecho y la dignidad de las personas concernidas.
En caso de resistencia, la polémica 'Directiva Retorno', aprobada por el Europarlamento con mayoría de votos de la derecha y la izquierda y objeto de duras críticas desde América Latina, establece las pautas para proceder a esas expulsiones forzadas.
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