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El Proyecto de decreto que desarrolla el Régimen Especial de prestación de los Transportes Marítimos Regulares, publicado este mes, aportará armas jurídicas al Gobierno para obligar a las compañías a prestar los servicios necesarios
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El consejero de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias, Juan Ramón Hernández, contestó en el Parlamento una pregunta de la diputada del Partido Popular, María Australia Navarro indicándole, en primer lugar, que "la conectividad básica entre las islas está garantizada, no solo en el transporte marítimo sino también en el aéreo".
"Al ser el transporte en Las Islas un sector estratégico de primer orden", dijo Hernández, "el Gobierno de Canarias, de forma permanente, adopta medidas encaminadas a la reducción de tasas, compensaciones a la lejanía, ultraperiferia e insularidad, control de tarifas, obligaciones de servicio público, infraestructuras y planificación que, sin duda redundan en la mejora de la calidad de vida de todos los canarios".
Señalado lo anterior, tenemos claro que la situación es compleja. Se están reduciendo frecuencias, y por lo tanto plazas, por "los ajustes" que efectúan las navieras según la demanda con la que cuentan.
Desde esta Consejería se ha estado en contacto de forma continua con los diversos operadores a fin de garantizar la conectividad básica entre las islas.
"Por otro lado", indicó el consejero, "quiero recordarle que la ordenación del transporte marítimo, tanto de pasajeros como de mercancías, resulta afectada por la libertad comunitaria de prestación de servicios. El Reglamento 3.577/1992, del Consejo de Europa de 7 de diciembre de 1992, aplica el principio de libre prestación de servicios dentro de los Estados miembros (cabotaje marítimo)."
Según Juan Ramón Hernández, esta liberalización del cabotaje, puede ocasionar perjuicios graves a las comunicaciones de las islas con el continente y de las islas entre sí, pudiendo producirse situaciones de insuficiencia de los servicios que perjudiquen a las mismas.
Por ello, esta misma norma permite que, en aquellas líneas que se consideren esenciales, cuando la oferta del mercado sea insuficiente, las autoridades competentes puedan exigir como condición para su prestación, el cumplimiento de determinadas obligaciones de servicio público o, incluso, la suscripción de un contrato de obligación de servicio público.
En este sentido, la aprobación por parte del Gobierno de Canarias del Proyecto de Decreto que desarrolla el Régimen Especial de prestación de los Transportes Marítimos Regulares, cuya información pública fue publicada en el BOC de 6 de octubre, esperamos que dé respuesta a la situación creada.
La nueva norma constituye un documento fundamental para que la Administración canaria disponga de instrumentos jurídicos con los que atender la demanda de más y mejores servicios de transporte marítimo regular, tanto de pasajeros como de mercancías, que respondan a las necesidades de cada una de las islas.
También quedarán establecidas en el decreto las líneas de transporte marítimo regular de pasajeros y mercancías que constituyen las necesidades básicas de cabotaje interinsular en Canarias, así como las condiciones de continuidad, frecuencia, capacidad y precio del servicio que se consideran mínimo indispensable para garantizar una atención suficiente en cada una de esas líneas.
Como excepción al régimen de autorización administrativa, la Consejería de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias podrá someter a contratación de obligación de servicio público a aquellas líneas que no sean cubiertas por ninguna empresa, en aplicación del régimen previsto.
Sin embargo esta política debe tener en cuenta y estar coordinada con la planificación de las infraestructuras portuarias (puertos del estado y de la comunidad) y de acceso a otros sistemas (nodos e infraestructuras intermodales).
Desde la Consejería de Obras Públicas y Transportes, por otro lado, se continúa trabajando en la búsqueda de fórmulas para incrementar las ayudas al transporte de mercancías, mejorando las subvenciones del Gobierno de Canarias y del Estado.
"En la parte normativa", indicó Hernández, "este Gobierno se plantea como prioridad absoluta el desarrollo de la Ley de Ordenación del Transporte Marítimo, especialmente del baremo sancionador y de los derechos de los usuarios".
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