Nueva Canarias (NC) consideró hoy "del todo inaceptable" que el Gobierno autonómico, a través de su consejero de Política Territorial, Domingo Berriel, "haya advertido que asumirá la redacción de los planes generales de ordenación en aquellos municipios que estén demorados en este asunto".
La formación nacionalista recordó en un comunicado que la competencia de la redacción de los planeamientos municipales e insulares está en manos de los ayuntamientos y de los cabildos, por lo que afirma que de cumplirse esta advertencia el Gobierno de Canarias "estaría invadiendo las competencias de las corporaciones locales".
"Una intromisión que --según Nueva Canarias-- está contemplada en la Ley de Medidas Urgentes, y que fue una de las principales alegaciones que las corporaciones locales e insulares hicieron al borrador de la ley cuando les fue remitida por parte del Gobierno de Canarias aunque finalmente sus propuestas no fueron tenidas en cuenta".
En opinión de NC, el Gobierno de Canarias, en vez de optar por la colaboración entre administraciones, que estima que "sería lo lógico y apropiado", opta por "el camino más corto que es el de aplicar el rodillo e imponer unilateralmente su voluntad al resto de las administraciones canarias valiéndose de la Ley de Medidas Urgentes de la que NC duda de su constitucionalidad".
SIN CONSENSO
Además, la organización nacionalista apunta que "esto demuestra que la Ley de Medidas Urgentes se aprobó sin el consenso que una norma fundamental del planeamiento del territorio requiere y que hasta la llegada de ATI-CC y PP al Gobierno de Canarias habían tenido todas las leyes sobre ordenación del territorio que le precedieron".
Por otro lado, afirma que "el criterio de los plazos en la redacción de los planeamientos como argumento para esta invasión de competencias es arbitrario". En todo caso asegura que "no es el Gobierno de Canarias el mejor ejemplo puesto que incumplió flagrantemente los plazos de la derogada Ley de Directrices, ocasionando millonarias sentencias desfavorables a la administración pública canaria, e incumple los plazos de los concursos eólicos poniendo a Canarias a la cola del Estado en la generación de energías limpias".
En consecuencia, cree que el Gobierno canario "debe recapacitar y corregir su actitud, lanzando un mensaje de colaboración con las administraciones locales para la redacción de sus planeamientos en vez de mostrarse autoritario e intransigente".
