Ha quedado constituida la Comisión de Coordinación entre las Direcciones Generales de Salud Pública y de Ganadería. Se decidió la creación de cuatro grupos de trabajo para abordar las materias relacionadas con mataderos, trazabilidad de productos, zoonosis y calidad de la leche.
En la mañana del pasado miércoles quedó constituida la Comisión de Coordinación entre las Direcciones Generales de Salud Pública y de Ganadería del Gobierno de Canarias para garantizar la seguridad de la cadena alimentaria en la producción ganadera de las Islas, dando cumplimiento así a las exigencias de la Unión Europea en materia de sanidad animal.
Así lo acordaron el director general de Ganadería, Alfredo Alberto, y el titular de Salud Pública, Enrique Torres, tras una reunión en la que también se decidió la creación de cuatro grupos de trabajo que abordarán las siguientes materias: coordinación de mataderos, bienestar animal durante el sacrificio y transporte de animales; trazabilidad de productos de origen animal y de subproductos no destinados al consumo humano; zoonosis (salmonelosis en explotaciones avícolas y porcinas y encefalopatías espongiformes transmisibles) y calidad de la leche.
Por otro lado, se acordó la puesta en marcha un quinto grupo de trabajo que coordine la aplicación del Plan Nacional de Investigación de Residuos (PENIR) en animales vivos y sus productos.
Esta Comisión surge con motivo de la aplicación en el Archipiélago del Plan Plurianual de Control Integral de la Cadena Alimentaria y del Sistema de Auditorías, previstos en el Reglamento (CE) 882/2004, y en aplicación de las normas existentes en España sobre la materia. Sus funciones se encaminan a garantizar la sanidad e identificación de la carne y la seguridad en la producción de las explotaciones ganaderas de las Islas.
Persigue, asimismo, coordinar distintas tareas que competen a ambos centros directivos del Gobierno de Canarias, con el ánimo de trabajar de forma conjunta y dar adecuada respuesta a una serie de condiciones requeridas por la Unión Europea, de manera que las Islas tengan una voz única ante las autoridades centrales que coordinan la normativa básica nacional.
