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SB-Noticias.- Miguel Ángel Díaz Palarea afirma que la jueza del caso Fernández Quesada no permite a Radio San Borondón retransmitir el juicio contra Mardones por su acusación vinculando a los sindicatos en la muerte del joven estudiante.
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Este miércoles 14 de mayo a las 9:30 horas tendrá lugar en el Juzgado número 5 de La Laguna la declaración de Luis Mardones respecto a las declaraciones del político sobre el asesinato de Javier Fernández Quesada y la posible implicación de los sindicatos en este suceso.
Miguel Ángel Díaz Palarea como abogado del sindicato CCT (Confederación Canaria de los Trabajadores) afirma que ha pedido luz y taquígrafo y que se aplique la nueva ley de enjuiciamiento civil, sin embargo la jueza que instruye el proceso aplicará una ley de enjuiciamiento del siglo XIX y lo hace a propósito. Esta afirmación la justifica Díaz Palarea en que él solicitó que dado que a Fernández Quesada lo mataron y sin embargo Mardones ha tenido todas las garantías habidas y por haber, ha tenido que presentar más de una docena de recursos y poner denuncias ante el Juez Decano por lo que entiende un trato discriminatorio en este proceso.
Explicó en La Trapera de RSB que además, ha tenido que denunciar este hecho ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ya que desde el sindicato que representa querían que el juicio fuera público y pudiera ser retransmitido, además de que se produjera bajo la nueva ley de enjuiciamiento civil que permite que se grabe a efectos de que no haya más parcialidades, pero la jueza no lo permite, no va a entrar la prensa ni va a regirse por la nueva ley de enjuciamiento, sino por una de hace más de cien años.
Palarea informó de que el permiso que solicitó RSB para emitir la vista fue denegado finalmente sin justificación alguna, más allá de una aclaración de que en el juicio se aplica la ley del siglo XIX que prohíbe grabaciones, lo que viene a demostrar, según el abogado, que la jueza no quiere que la ciudadanía conozca la realidad de este suceso y por ello lo denunció ante el CGPJ.
Según Miguel Ángel Díaz Palarea es bárbaro cómo se está tratando de defender y tapar a Luis Mardones a quien se le ha permitido todas las garantías y se ha respetado la presunción de inocencia por parte del sindicato para que se defienda, y sin embargo al propio sindicato y él como abogado no se le han dado sino pegas y le han impedido el testimonio de las actuaciones e impiden que entre la prensa para que todo se vea reflejado en los medios.
Con todo esto se demuestra una vez más que los juzgados están al servicio de los políticos y no al servicio de la ciudadanía. Desde el punto de vista de CCT, a parte de la denuncia mencionada ante el CGPJ, ha interpuesto otra porque entiende que la actitud de la judicatura en este asunto ha sido totalmente parcial, beneficiando a una de las partes, en este caso a la que acusa sin pruebas de un hecho tan grave como es participar en el asesinato de un joven estudiante que defendía a los trabajadores en la huelga.
La CCT persigue con este proceso que Mardones se desdiga de las declaraciones que efectuó donde decía que había que buscar otras responsabilidades, poniéndolos a ellos como sicarios a sueldo de los sindicatos al afirmar prácticamente que eran los que asesinaron a Javier.
Piden a Mardones que diga que es falso la afirmación de que CCT pagó a sicarios o que ellos se habían convertido en los sicarios del vil asesinato del estudiante de la Universidad de La Laguna. Quieren saber quiénes fueron los verdaderos autores de la muerte del estudiante, qué guardias civiles actuaron en los hechos, ya que afirma que la Delegación del Gobierno sabe perfectamente quién disparó aquel día contra javier ya que sabe quiénes constituían la brigada de agentes que entraron en la Universidad disparando a diestro y siniestro.
Díaz palarea afirma que en el Juzgado militar están estos datos y que se los han negado bajo el argumento pueril de que son secreto de estado y por atnto de seguridad nacional.
También quiere denunciar públicamente el comportamiento de la Cadena Ser, medio donde Mardones realizaó sus afirmaciones capciosas sobre este asunto, ya que como medio de comunicación están obligados a aportar la grabación, cosa a la que se han negado, incluso bajo requerimiento. Dice que el medio que se convirtió en su moemnto en defensor de los derechos de los ciudadanos se ha convertido ahora en cómplice de esta situación de indefensión.
El poder judicial, los políticos y la mayoría de medios de comunicación se han hecho cómplices de este oscuro suceso al no peritir que se esclarezca este hecho, concluyó Miguel Ángel Díaz Palarea
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