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Nueva Canarias (NC) afirma que el Gobierno canario ha roto la tradición de llevar ante la Unión Europea propuestas consensuadas en el Parlamento al presentar, el pasado 22 de abril, su proyecto de limitación a la adquisición de segundas residencias.
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NC considera irresponsable esta propuesta puesto que ya ha sido estudiada en profundidad en 2002 por la Comisión de Expertos creada para la ocasión por el Gobierno de Canarias así como por otros especialistas.
No obstante NC asegura que el verdadero problema de esta propuesta no radica en el aumento poblacional, argumento dado por el Ejecutivo para justificarla, sino en la compra de segundas residencias en zonas turísticas que después son alquiladas de forma irregular a turistas a lo largo del año y en el consecuente consumo de suelo turístico.
Al respecto NC indica que desde la entrada en vigor de la moratoria y de la Ley de Directrices de Ordenación del Turismo, que limita edificar nuevos complejos turísticos, se ha producido una masiva desviación de la construcción hacia residencias de alto nivel. El inconveniente es que éstas no tienen la consideración de alojamientos turísticos, no tributan como tales, no generan empleo y son una competencia desleal con los hoteles y apartamentos.
Capacidad de regularización
NC responsabiliza al Gobierno de Canarias de esta situación puesto que en la propia ley de Directrices (directriz 32) se establece la regularización de las nuevas actividades y modalidades de alojamiento y equipamiento a fin de facilitar la especialización de la oferta. Y se insta al Ejecutivo a impulsar la reglamentación de la oferta, mediante el perfeccionamiento de la regulación, la eliminación de la oferta ilegal y no reglada, y el establecimiento de un sistema de seguimiento y control eficaz.
Por otro lado la organización nacionalista señala que si lo que se quiere es poner freno a la gran ocupación de suelo en zonas turísticas el Gobierno tiene que ejercer sus competencias para intervenir en la legislación canaria, también recogida en la Ley de Directrices (directriz 12, apartado 4).
En consecuencia, NC afirma que está en manos del Gobierno cambiar esta situación a través de la adecuada ordenación territorial, el planeamiento insular y municipal. Cumpliendo la legislación territorial existente y, en todo caso, actualizando en la anunciada revisión de la Ley de Directrices la respuesta a este fenómeno.
Lo que no debe hacer el Gobierno canario es quedar en evidencia y crearnos complicaciones en la UE culpabilizando a otros de esta situación y esperando a que la solución llegue de terceros, afirman desde NC
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