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"Prestige"
La catástrofe que sacudió España y Caion
El centro de comunicaciones
de los medios informativos fué Caion-"Prestige"
En noviembre de 2002, el hundimiento
del petrolero “Prestige” fue un episodio que vino a
sumarse a la larga y siniestra letanía de desastres ecológicos:
Urquiola, Casón, Mar Egeo, Erika.
Una monotonía en la que los distintos gobiernos han demostrado
su escasa voluntad política para adoptar medidas
tendentes a solucionar el problema de fondo, más allá
de las declaraciones de rigor y la propaganda institucional.
El negocio de la energía que mueve el mundo no se ralentizó
por la catástrofe del “Prestige”. Una y otra
vez se ha constatado la falta de medidas preventivas eficaces
frente a estas catástrofes, la ausencia de planes de acción
previos, la escasez de recursos, la inoperancia, la descoordinación...
En el caso del “Prestige”, la inoperancia del Gobierno
español y la Xunta de Galicia alcanzó cotas difícilmente
superables, mientras en un primer momento
se optaba por una política sistemática de desinformación
y censura sobre el alcance y las consecuencias del vertido.
Un año después del hundimiento del “Prestige”,
las costas españolas siguen sin contar con sistemas de
vigilancia adecuados y los tribunales no se han pronunciado sobre
los culpables
Indice Siete 02/01/2004
Como reacción contra todo ello, a partir de las más
diversas organizaciones sociales y políticas, entre las
que se encuentra Ecologistas en Acción, se constituyó
en Galicia la Plataforma Ciudadana “NUNCA MÁIS”,
cuyo
objetivo es impedir la repetición de nuevos desastres
ecológicos y exigir la reparación de los daños
sociales, ambientales y económicos causados por la marea
negra. Su significado, no obstante, ha trascendido el ejemplo
concreto para convertirse en un símbolo de la rabia y
la impotencia de las miles de familias que vieron sacudidas
sus vidas con el accidente y los miles de kilómetros de
costa que vieron trastocada para siempre su riqueza natural.
El fenómeno del voluntariado fue la nota positiva. Miles
de personas llegarona Galicia desde todas partes de España
para demostrar que la solidaridad de la calle, al contrario que
la clase política, estaba a la altura de las circunstancias.
Un año después de la peor catástrofe ecológica
vivida en España, Gobierno y oposición hacen una
valoración muy diferente del año transcurrido tras
la tragedia.
Mientras para el Ejecutivo el problema está prácticamente
solucionado, el Bloque Nacionalista Galego y el PSOE acusan al
Gobierno de triunfalismo. Pasado este período, las investigaciones
siguen siendo complicadas. Los tribunales aún no se han
pronunciado sobre a quiénes hay que considerar los culpables
del desastre.
Además del Juzgado de Corcubión, que investiga
los hechos, hay denuncias en Estados Unidos contra la sociedad
inspectora de buques que dio el visto bueno para navegar al “Prestige”.
También el Gobierno Central y el
Ejecutivo vasco han demandado allí a la sociedad inspectora
estadounidense. Un informe elaborado por un
equipo de investigadores de la Universidad de La Coruña,
con más de mil muestras recogidas entre enero y marzo
de 2003 en las playas y costas españolas, cuestiona los
controles alimenticios de la Junta de Galicia y pone en duda
los parámetros marcados por el gobierno gallego para medir
la toxicidad de mariscos, pescados y moluscos. Los expertos consideran
que son límites muy permisivos y desconfían de
los datos oficiales. Los investigadores advierten de que, aunque
las muestras fueron recogidas hace siete meses, la contaminación
puede durar años en la cadena alimenticia, algo omitido
en los discursos autocomplacientes que destacan la rapidez con
la que el pueblo gallego ha superado la tragedia.
El informe considera que la Junta actuó precipitadamente
al abrir las zonas de pesca y marisco, ya que en el caso del
“Erika”, en Francia, estuvo prohibido faenar durante
más de un año. En Alaska, con el “Exxon Valdez”,
hubo zonas cerradas durante casi una década. Pese a ello,
desde la Junta de Galicia y desde el gobierno se insiste en que
“no hay
incidencias en la cadena alimenticia” y que la calidad de
los productos gallegos está asegurada.
Mucho por hacer
Pese a que en los últimos meses se ha avanzado en proyectos
piloto para la extracción del fuel que queda aún
en el interior del barco, los medios de salvamento marítimo
en la zona de Galicia apenas han variado un año después.
El Instituto Español de Oceanografía estimaba,
en un informe de 2003, que en los fondos marinos de la plataforma
de Galicia aún quedan unas 526,3 toneladas de combustible.
El ministerio de Fomento y la Xunta de Galicia
se han apresurado a informar, un año después del
desastre, sobre la próxima construcción de remolcadores
y barcos de salvamento.
Según los expertos, esos buques no estarán en funcionamiento
hasta dentro de al menos tres años. Tampoco se ha elaborado
ningún nuevo protocolo de actuación para un nuevo
accidente, ni se han producido ceses ni dimisiones
entre los dirigentes que tuvieron alguna intervención
en el caso “Prestige”. Es más, según
el diario “El País”, se han producido algunos
ascensos de personas involucradas en la gestión de la
crisis.
Consecuencias legales Pese a las enormes deficiencias respecto
a los sistemas de defensa poseídos y a la confusión
sobre las decisiones de las horas previas al hundimiento, las
autoridades se volcaron en anunciar grandes partidas presupuestarias
destinadas a los afectados. Si hay algo que ha puesto de relieve
el accidente del “Prestige” ha sido la ineficacia de
la normativa para proteger el mar de la contaminación
que se deriva del tráfico marítimo. Desde que sucedió
la catástrofe, algunas de las peticiones de organizaciones
como Adena o Greenpeace han sido en parte atendidas en los acuerdos
alcanzados por los Ministros de Transportes europeos y en las
normativas aprobadas
por el gobierno español. Para disminuir el riesgo de mareas
negras, la UE prohibió la entrada y salida de los puertos
europeos de buques petroleros de casco único. El gobierno
español ha restringido aún más este punto
al impedir que transiten por nuestras aguas este tipo de embarcaciones
cualquiera que sea su bandera. Sin embargo, estas prohibiciones
afectan únicamente al transporte de fueles pesados, que
suponen sólo el 7 por ciento del total de hidrocarburos
transportados. Se ha intentado aumentar el control y las inspecciones
para reducir el número de buques que incumplen las normas
de seguridad y contaminación, cuyo grado de cumplimiento
a nivel internacional será comprobado por la Organización
Marítima Internacional (OMI). Se ha establecido un aumento
del control sobre las sociedades de clasificación y la
posibilidad de que respondan de los daños cuando se determine
que están causados por una acción u omisión
negligente imputable a dichas organizaciones. Aunque la Comisión
Europea ha propuesto que se incrementen los límites de
indemnización en caso de producirse mareas negras graves
hasta 1.000
millones, colectivos sociales y ecologistas creen que los operadores
relacionados con el transporte de sustancias peligrosas deberían
cubrir todos los gastos ocasionados, incluidos los gastos
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