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Miguel Massanet Bosch
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En ocasiones a uno le resulta difícil escoger un tema determinado para su artículo ante el cúmulo de materias que, a diario, van copando los titulares de la prensa y que constituyen de por sí materia suficiente para cualquier comentario. No obstante, hoy he creído que el tema más candente, el que más está preocupando a la ciudadanía en estos momentos y el que requeriría una especial atención del Gobierno si, como debiera ser, estuviera más preocupado por los ciudadanos que por sus propios intereses partidistas; es sin duda el de la Justicia. No es la primera vez y, seguramente, no será la última, en que nos referimos al patente deterioro de la Administración de Justicia en nuestro país. Es evidente que las instituciones jurídicas han entrado en barrena en cuanto a la confianza de los ciudadanos en su gestión. Son muchos los aspectos que provocan estupor y rechazo entre los españoles con respecto a la actuación de jueces y fiscales en el desempeño de sus funciones; tanto por lo que respecta a la lentitud que caracteriza los procesos judiciales, como por la carencia de medios adecuados, preparación de los jueces, falta de rigor en muchas de sus sentencias, interpretaciones sesgadas de las normas vigentes y, por encima de todo, la clara politización que se advierte en muchos jueces y magistrados que les llevan a sostener teorías que, en muchas ocasiones, van en contra de los derechos constitucionales de los ciudadanos.
Es evidente que, cuando el ciudadano pierde la fe en la Justicia algo está fallando en la nación. El baluarte de toda comunidad organizada lo constituye el que sus componentes estén seguros de que sus derechos están convenientemente protegidos por unas leyes justas que, a la vez, sean impartidas por jueces que las apliquen con rectitud y objetividad. Por desgracia, durante los últimos años, hemos tenido ocasión de comprobar como la justicia se quitaba la tradicional venda de los ojos y se dedicaba a coquetear con el poder. El hecho absurdo de que el fiscal en jefe, responsable de la actuación de la fiscalía –este órgano encargado de velar para que la ley se cumpla e incoar los correspondientes expedientes cuando se produce una infracción de la misma –sea directamente nombrado por el Ejecutivo es algo impensable, si lo que se busca es que la actuación de la fiscalía sea impecable y, por añadidura, el ciudadano tenga la convicción de que lo será. Sólo la circunstancia anómala de que, en España, existan dos asociaciones de jueces que sostienen opiniones distintas sobre la forma de aplicar las normas y actúen con distintos criterios a la hora de juzgar los casos que les son sometidos; es algo que choca frontalmente con la idea que tiene la ciudadanía de lo que debe ser la justicia. Las leyes son las que son, y la facultad interpretativa asignada a los jueces debe ser restringida para que no se pueda tergiversar, con tecnicismos ni arbitrariedades, su verdadero sentido.
Estamos cansados de ver como se margina la Constitución en casos tan flagrantes como el uso del idioma español; la cuestión de la bandera nacional; las veleidades respecto a la unidad del país; las cesiones, a todas luces excesivas y anticonstitucionales, a determinadas comunidades autónomas, como pudiera ser la cuestión del Estatut de Catalunya; el espectáculo bochornoso de un TC, máxima garantía de que se cumpla la Constitución, inmerso en luchas internas y condicionado por las presiones del Ejecutivo; los retrasos vergonzosos, con evidentes propósitos partidistas, de la resolución de recursos que afectan al propio concepto de Estado y que, por añadidura, pudieran haber influido en el sentido del voto del electorado. Cuando es el propio Gobierno quien, una y otra vez, puentea la legalidad para conseguir imponer sus criterios políticos y partidistas, como ha sucedido en la cuestión de la Educación para la Ciudadanía, donde se han conculcado los derechos de los padres a escoger el tipo de formación y orientación religiosa y ética de sus hijos o, cuando es imposible conseguir que un joven se pueda educar y estudiar en castellano en comunidades como Catalunya, Galicia o el País Vasco y, ante ello, los tribunales permanezcan indiferentes, sin que a ningún fiscal se le ocurra interponer el correspondiente procedimiento para impedirlo y sin que nadie se rasgue las vestiduras ante semejante atropello; no debemos extrañarnos de que, en España, muchos españoles hayan perdido la fe en la justicia y que exista un pesimismo generalizado respeto a la forma en que la misma se imparte.
Por ello no nos debe llamar la atención el hecho de que la ciudadanía, cada vez más, se rebele contra la injusticia e intente tomarse la justicia por su cuenta. Lo vemos en casos como el de la niña Mari Luz y lo hemos visto en otras muchas de las última ocasiones en que se han producido asesinatos y violaciones de jóvenes por causa de errores judiciales que han permitido campar pos sus respetos a individuos que nunca debieron haber salido de la cárcel. A nadie se le puede ocultar lo peligroso que puede resultar el que, esta práctica, se extienda y, si ello sucede, nadie más que el Gobierno y el Poder Judicial serán los responsables de que su negligencia y pasividad puedan causar algún linchamiento o paguen justos por pecadores. Puede que, el haber incorporado a la carrera judicial a personas sin la debida preparación, obviando las duras oposiciones que garantizaban su competencia, sea parte del motivo del descrédito de la judicatura y puede que la politización descarada de jueces, como Garzón y Bermúdez, puedan ser la causa de que muchos nos preguntemos, ¿qué es lo que hace el Consejo del Poder Judicial para garantizar la imparcialidad de sus miembros? Me temo, a la vista de lo que está ocurriendo, que nada. Mal va el país cuando el Estado de Derecho se tambalea sobre el estrecho filo que separa la prevaricación de la honradez.
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