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Lejos de apagar los enfrentamientos entre sectores políticos y mediáticos, la sentencia del juicio por los atentados del 11-M en Madrid vuelve a generar protestas por barrios.
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Sólo tres de los 8 acusados principales recibieron la máxima condena, estipulada entre 30.000 y 40.000 años de cárcel (de los que sólo cumplirán un máximo de 40), mientras los demás fueron condenados a penas menores a 20 años de prisión. Especial controversia ha generado la absolución de Rabei Ousmane Sayed Ahmed, alias ‘Mohamed El Egipcio’, un individuo que ya fue calificado de delirante en su presunto papel de líder intelectual de los ataques. Tampoco se ha entendido en algunos sectores la absolución de parte de la trama asturiana de los explosivos, incluidos Carmen Toro, esposa de Emilio Suárez Trashorras, y su hermano Antonio.
El caso es que las asociaciones de víctimas, divididas hace tiempo en compartimentos políticos, han coincidido en señalar su intención de recurrir la decisión judicial. Curiosamente, la sentencia no ahonda en las motivaciones que los autores materiales pudieron tener para llevar a cabo la masacre y no menciona la intervención de tropas españolas en la guerra de Irak como uno de los hechos que justificaron a ojos de los terroristas la perpetración de los mismos. Este hecho desembocará en un recurso por parte de una de las acusaciones populares, la presidida por Pilar Manjón. La presidenta de la Asociación 11-M Afectados por el Terrorismo ya adelantó que su agrupación procedería a presentar recurso de casación ante el Tribunal Supremo en el caso de que el fallo no contemplara este punto.
La filtración de datos de la sentencia previamente a su lectura, el 31 de octubre, víspera del Día de los Difuntos, es un indicio que vuelve a poner un interrogante ominoso sobre la justicia española. El original de la sentencia íntegra permaneció en todo momento durante el día de su lectura en una caja fuerte situada en las dependencias de la Audiencia Nacional, en la calle Génova de Madrid. Se guardó en prevención a la posibilidad de que los magistrados pudieran sufrir algún percance antes de proceder a su lectura pública. Pero antes de ese día son innumerables los canales a través de los que se pudo producir una transmisión de información privilegiada. Además, la sentencia no ha despejado la autoría intelectual de los atentados de Atocha, un punto en el que el PP ha centrado buena parte de su estrategia en la oposición y le da alas para justificar la continuidad de dicha búsqueda. En ese proceso podría reincidir en la vía etarra de la justificación de los atentados, con el pertinente apoyo mediático.
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